Un grupo de senadores del Movimiento 5 Estrellas (Margherita Corrado, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani, Danila De Lucia, Maria Domenica Castellone, Iunio Valerio Romano, Virginia La Mura, Orietta Vanin, Michela Montevecchi, Fabrizio Trentacoste, Donatella Agostinelli, Gisella Naturale, Giuseppe Auddino, Antonella Campagna, Elisa Pirro, Marco Pellegrini) presentó el jueves pasado el pasado jueves una pregunta pidiendo al Ministro de Patrimonio Cultural , Dario Franceschini, que posponga la reforma del MiBACT presentada en diciembre(en este enlace se puede encontrar un resumen de las medidas que se introducirán). La reforma completará el diseño ya puesto en marcha por Franceschini entre 2014 y 2016, y que, según los senadores pentastellati, es “ya la causa de una serie de disfunciones que los operadores del sector, aunque fuertemente penalizados por el llamado ’decreto mordaza’, no dejan de denunciar” (la referencia es al decreto ministerial del 23 de diciembre de 2015 que obliga a los empleados de MiBACT a pedir autorización a su respectivo responsable en caso de tener que hablar con la prensa).
Según los dieciséis senadores, “las mayores criticidades que se han detectado en los últimos años se refieren al ejercicio de la tutela, que es competencia exclusiva del Ministerio, mientras que la potenciación, hija y hermana de la anterior, es una materia concurrente con las CCAA”: en concreto, las superintendencias sectoriales, que antes de la reforma estaban divididas en tres áreas (arqueología, bellas artes y paisaje), se han fusionado desde 2014 y, según los preguntados, ’se han quedado en la transición sin directrices operativas suficientes y con pocos recursos; han perdido el vínculo con la historia del territorio al perder la relación directa con los museos que recogían sus testimonios; han perdido, en ocasiones, archivos y yacimientos (muchas veces literalmente encarcelados en los nuevos institutos autonómicos)’, y además, las mismas superintendencias ’han perdido el vínculo con la historia del territorio al perder la relación directa con los museos que recogían sus testimonios’.Además, las mismas superintendencias ’fueron canceladas y rehechas dos veces, primero reduciendo su número y fusionando parte de sus competencias sectoriales, después redistribuyendo sus áreas de pertinencia y añadiendo la arqueología a las competencias ya unificadas, causando así todo tipo de inconvenientes a los empleados que siguieron trabajando en las diferentes oficinas, a menudo a decenas de kilómetros de distancia, con las dificultades y la desmotivación que cabe imaginar en el ejercicio diario de la protección’.
Lo que ha faltado, según los grillini, es “un plan de organización definido en detalle”, y como consecuencia, en su opinión, “ha sucedido que parte del personal, al principio repartido entre varias nuevas oficinas, encontrándose en la tesitura de poder elegir entre permanecer en las superintendencias de la ABAP o trasladarse a los centros museísticos y a los nuevos institutos autónomos, ha preferido estos últimos, que ofrecen mayores posibilidades de ingresos por aperturas extraordinarias y tienen mejor visibilidad, y ha dejado casi vacíos algunos lugares de protección especialmente desfavorecidos (gracias a las jubilaciones y a la contratación únicamente de funcionarios técnicos)”. Las dificultades, prosigue la pregunta, no sólo habrían afectado a los trabajadores, sino también a los usuarios (que, según Franceschini, deberían haberse beneficiado de la reorganización), a causa de la “transformación mal gestionada”: “desde el archivo múltiple de los expedientes recibidos por las ya diversas superintendencias que luego se han fusionado, a los protocolos parados para el reinicio, al correo electrónico que permanecía ilocalizable debido al cierre de las cajas, a las cuentas cerradas y reasignadas a intervalos de varios meses”.
Los senadores pentastellati consideran que la reforma presentada el mes pasado es “una iniciativa destinada a provocar un nuevo caos (en opinión de los interpelantes, quizá estratégico)”, y además, a pesar de la voluntad de contención del gasto que sustentaba la reforma de 2014-2016, “siete institutos más con autonomía especial -continúan los interpelantes- se sumarán ahora a los muchos ya existentes, dirigidos, como los demás, por personas elegidas discrecionalmente por el ministro y con sueldos directivos de segundo o incluso primer nivel, creando un aumento vertiginoso del número de superejecutivos.” Pero también está el capítulo de las superintendencias: “al introducir 10 nuevas superintendencias de la ABAP”, especifican los senadores del Movimiento, “también se rediseñará en gran medida el aparato de la periferia de protección, una vez más y sin estudios y números preliminares que justifiquen la intervención prevista”.
A la luz de todo esto, los dieciséis senadores piden saber si el ministro no cree que, como resultado de la nueva reforma, “las superintendencias de la ABAP, que han sido laboriosamente reorganizadas para llevar a cabo los procedimientos de protección a tiempo, perderán el control sobre los procedimientos de protección”, si no está de acuerdo en que la reforma “producirá... una pérdida de control sobre los procedimientos de protección”. ¿No está de acuerdo la Comisión en que la reforma “producirá graves daños al patrimonio cultural en general y al paisaje en particular, cuando en virtud de la Constitución (artículo 9) el Estado debe conservar y promover ambos, para asegurar su disfrute público”? ¿No está de acuerdo la Comisión en que “crear 10 nuevas oficinas de conservación con el número actual de personal y funcionarios administrativos, y en ausencia de nuevos gestores internos conocedores de la materia, y por tanto recurriendo a personal externo o elegido ad hoc (si pueden), significaría más bien querer debilitar la conservación y provocar dos reacciones inmovilismo, por falta de personal o miedo a hacer, o activismo, pero hetero-dirigido”, y si no considera oportuno, “por respeto al patrimonio cultural, a los empleados ministeriales, a las administraciones locales y a los empresarios honrados”, aplazar la reforma, esto al menos hasta después de la realización de los concursos para nuevos gestores y otro personal necesario, en particular el personal administrativo. Sin el nuevo personal, de hecho, los senadores creen que “las actividades cotidianas de protección acabarían por no llevarse a cabo por falta del número mínimo de operadores”.
En la foto: Palazzo Madama, sede del Senado. Foto Crédito Paul Hermans
Los senadores del M5S piden a Franceschini que aplace la reforma del MiBACT. "La falta de personal provocará el caos" |
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