¿Qué ha hecho el Gobierno por la cultura en seis meses? Casi nada. Y ni siquiera se plantea su programa


Han pasado seis meses desde la toma de posesión del nuevo Gobierno. ¿Qué se ha hecho por la cultura? Casi nada, y además el gobierno ni siquiera tiene en cuenta el programa electoral del partido del que es expresión el ministro.

En la historia reciente del Ministerio de Cultura es difícil recordar momentos que superen al actual en cuanto a la distancia real entre las medidas anunciadas y los resultados concretos. Desde su toma de posesión, el ministro Alberto Bonisoli nos ha acostumbrado a brillantes declaraciones de intenciones que, sin embargo, no han ido seguidas de acciones adecuadas capaces de traducir las palabras en hechos. No sólo eso: nunca en la historia reciente del Ministerio de Cultura se había producido un cambio de postura tan repentino sobre medidas que primero se anunciaron o propusieron y luego se retiraron de inmediato. Ahora, tras la aprobación de la maniobra en el Senado, tras las posteriores declaraciones del ministro sobre el tema, y seis meses después de su toma de posesión, disponemos por fin de algunos elementos básicos para intentar extraer algunas valoraciones preliminares.

Para empezar, resulta bastante sintomático que el ministro, al hacer un primer balance de “lo que hemos hecho en los seis primeros meses de trabajo”, parta de dos medidas que en realidad están aún lejos de ser ley, pero que Bonisoli considera en cierto modo quizá ya en marcha: la introducción del billete de dos euros para los jóvenes de entre dieciocho y veinticinco años, y el aumento de los días gratuitos en los museos. Medidas que, por otra parte, se refieren a temas muy alejados de los que el Movimiento 5 Estrellas, el partido del ministro Bonisoli, había abordado en las primeras páginas de su programa electoral (y que, por lo tanto, quizá deban considerarse prioritarios para ellos): el aumento del gasto en cultura, el mecenazgo y el crowdfunding, la organización del MiBAC. Todos temas de los que ni siquiera se ha hablado hasta ahora. Volviendo, sin embargo, a la gratuidad de los domingos y a las reducciones para jóvenes, podríamos empezar recordando las consideraciones que ya hemos hecho en estas páginas sobre estas medidas: podemos considerarlas míseros paliativos, mero humo en los ojos lanzado a la cara de quienes creen que la entrada con descuento para jóvenes en edad universitaria, o el encierro en una jaula gratuita una vez al mes para quienes puedan tener dificultades para pagar el precio de la entrada, son medidas que de alguna manera pueden fomentar el acercamiento a la cultura. Pero vale la pena repetirlo: las estadísticas del ISTAT muestran que sólo el 8% de los jóvenes de la edad afectada por el billete de dos euros cree que las entradas a los museos son demasiado caras. La inmensa mayoría (cerca del 50%) no se acerca a los museos simplemente porque no les interesan. En cuanto a las entradas gratuitas indiscriminadas, nos remitimos a nuestra propuesta de suprimirlas e introducir, en su lugar, medidas que respondan a las necesidades de la minoría de personas que no visitan los museos porque los consideran caros, o porque no pueden permitírselos.

La única razón del interés de estas medidas, que se describen como ya aplicadas pero que en realidad todavía no han sido sancionadas oficialmente por leyes o decretos (y también será útil recordar cómo el Consejo de Estado devolvió en primera instancia el informe que acompañaba al plan Bonisoli por considerarlo poco claro), es que son más bien ilustrativas de las vacilaciones a las que Bonisoli y sus subsecretarios nos han acostumbrado hasta ahora. Me refiero, en concreto, a la querelle sobre los domingos gratuitos: al principio, el ministro había manifestado su intención de revisar la iniciativa presentada por Dario Franceschini. Luego, a finales de julio, durante una visita a Nápoles, había llegado a declarar que se suprimiría, y la idea fue confirmada por una nota oficial que hablaba de una abolición “de facto”. Finalmente, en septiembre, Bonisoli, en contra de lo esperado, confirmó los domingos gratuitos, con sólo dos novedades: los domingos gratuitos de “temporada alta” se trasladarán para crear una “semana gratuita” en marzo, y los directores tendrán la posibilidad de establecer más días gratuitos (posibilidad que, por otra parte, ya tienen). No contento con esto, hace unas semanas Bonisoli arremetió duramente contra algunos periódicos que habían subrayado su marcha atrás respecto a las intenciones iniciales de abolición, y reivindicó la continuidad de su línea (aunque, de hecho, sus ideas iniciales, como hemos visto, parecían bastante diferentes respecto a la forma que adoptó el plan final).

El Colegio Romano, sede del MiBAC
El Colegio Romano, sede del MiBAC

Pero los domingos gratuitos no fueron la única medida que osciló durante mucho tiempo entre tímidas intenciones de cancelación y decididas confirmaciones. Pensemos en el ejemplo del bono cultural de 500 euros para los jóvenes de 18 años: también en este caso, Bonisoli había declarado pocos días después de su nombramiento que sería mejor gastar de otro modo los recursos destinados a 18app. Tras duros ataques de la oposición, Bonisoli había anunciado que, para 2018 y 2019, se mantendrían los fondos para el bono, aunque con correctivos que se introducirían “para remediar los errores cometidos en el pasado y preparar un programa estructural para la promoción del consumo cultural”. Hace apenas un par de semanas, el subsecretario Gianluca Vacca anunció estas correcciones, afirmando que, a partir de 2019, el 18app se recalibraría en función de los ingresos de los beneficiarios. Y, en efecto, una enmienda a la maniobra había introducido la renta como factor discriminatorio para la asignación: es una lástima, sin embargo, que en el proyecto de ley que salió de la aprobación final del Senado, la cláusula de la renta haya sido eliminada y el 18app, incluso para 2019 (salvo improbables cambios de última hora), será idéntico a como lo había imaginado el PD.

En esencia, se puede decir que Alberto Bonisoli, de hecho, ha mantenido hasta ahora la misma línea que sus predecesores, mientras que, en el plano de la acción teórica, apenas ha tocado los puntos del programa electoral, y además ha generado cierta confusión entre los implicados, hasta el punto de que aún hoy es difícil entender cuál es su visión sobre el patrimonio cultural. En estos primeros seis meses de gobierno, de hecho, no ha surgido ninguna línea estratégica: se ha hablado casi exclusivamente deintervenciones puntuales, y los problemas reales (en primer lugar el problema del empleo) se han abordado hasta ahora de forma muy insulsa y marginal, con declaraciones que no han dejado tiempo para ser encontradas. En julio Bonisoli declaró que creía necesario contratar a 6.000 funcionarios, unas semanas más tarde anunció su intención de convocar un concurso para 2.000 puestos, y en septiembre comunicó al Ministerio de Administraciones Públicas que había solicitado un concurso para más de 4.000 puestos. En cambio, la realidad nos enfrenta a una situación muy diferente: congelación de la contratación en la Administración Pública hasta noviembre de 2019 (es uno de los efectos de la “maniobra popular”: para ahorrar cien millones de euros que se destinarán al cupo 100 y a la renta de ciudadanía, se congela la contratación de miles de jóvenes en los organismos públicos, una medida definida como “muy grave” por el presidente del Inps, Tito Boeri) y, después, apenas habrá mil contrataciones más hasta 2021, además de un centenar de unidades que entrarán con el deslizamiento de las listas de oposición de 2016. Hay que tener en cuenta que, de aquí a 2021, se esperan tres mil jubilaciones en el Ministerio de Cultura: se trata de unidades que deberían ser sustituidas como consecuencia del llamado proyecto de ley de concreción, un proyecto de ley que, de aprobarse, introduciría una rotación del 100% en la administración pública. Es decir, por cada jubilación habría una nueva contratación, y esto a partir de 2019. Pero de momento el proyecto de ley de concreción lleva un par de semanas paralizado en la Cámara, y no ha habido noticias desde la enmienda que sanciona la suspensión de la contratación (y que choca frontalmente con el proyecto de ley de concreción: es de esperar, por tanto, que haya cambios). Y luego también hay que señalar que ni una palabra ha salido del ministro ni de los subsecretarios sobre la duplicación del IRES para las entidades del tercer sector, que incluye tanto a los institutos de ayuda a los pobres y necesitados como a las fundaciones que promueven la investigación, la literatura, las artes, la ciencia y la cultura (piénsese en lo que puede suponer para una fundación que concede becas de investigación a jóvenes becarios un tipo impositivo que pasa del 12% al 24%): una duplicación que, según las estimaciones, supone algo más de cien millones de euros, pero que corre el riesgo de crear bastantes perjuicios al sector (además de golpear a quienes necesitarían ayuda).

Por lo demás, no hay novedades significativas: la distribución de los (pocos) fondos ahorrados en 18app es una operación de puro raciocinio (quizá hubiera sido mejor tener el valor de suprimir la bonificación para los jóvenes de 18 años, dada también la observación de Bonisoli de que “la cultura no es una ventaja electoral, sino una inversión”, y encontrar así una forma más interesante de invertir los casi trescientos millones de euros de la bonificación en medidas estructurales), la redistribución de fondos en el plan para el arte contemporáneo no está clara (no queda claro qué se entiende por “promover el arte contemporáneo italiano en el extranjero”) y corre el riesgo de hundir el GNAM y el MAXXI de Roma, y frente a algunas inversiones escasas (los doce millones y medio de euros para las fundaciones sinfónico líricas, una gota en el océano comparado con la deuda acumulada, los ocho millones para el FUS, más algunas asignaciones para realidades como Matera 2019, Parma 2020, la Accademia dei Lincei, el Instituto de Historia del Risorgimento, y algunas otras) hay que señalar los recortes en la contribución para la contención del gasto de los museos autonómicos y la destinada a créditos fiscales para librerías y cines, por un total de casi ocho millones de euros. Hay que saludar el plan de inversiones de 109 millones de euros para seguridad contra incendios: es cierto que se trata de recursos de los llamados “fondos 2007-2013”, pero es positivo que la dotación se refiera a la seguridad de nuestras instituciones.

Sin embargo, sigue siendo muy poco, sobre todo si se tiene en cuenta que el actual equipo de gobierno siempre se ha presentado como dedicado al cambio más radical, y que en los últimos ciento ochenta días no ha habido ni una sola mención a ninguno de los puntos programáticos con los que el Movimiento 5 Estrellas se presentó a las elecciones. No se mencionó la revisión de la reforma de Franceschini, no se habló del problema del voluntariado como sustituto del trabajo profesional, se habló poco del trabajo en sí (y, por cierto, el ministro ni siquiera se hizo oír después de la gran manifestación del 6 de octubre), no se habló de mejorar el sistema de mecenazgo cultural italiano (empezando por el Art Bonus), tampoco se prestó atención a la desastrosa situación de las bibliotecas, ni mucho menos al reconocimiento legal de los profesionales de la cultura, y nunca se tocó el tema de los servicios adicionales en los museos y la Ley Ronchey. Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que en seis meses es imposible introducir cambios decisivos, pero sigue siendo un plazo razonable para fijar una estrategia, adoptar orientaciones, elaborar puntos programáticos, establecer un esbozo de hoja de ruta y entablar debates con los operadores y los profesionales. O, al menos, para reflexionar mínimamente sobre su programa. De esto es de lo que se acusa al ministro: de falta de visión. El resultado es que el sistema del patrimonio cultural corre el riesgo de vivir al día: quizá se puedan obtener beneficios momentáneos de algunas medidas ad hoc, pero sin una estrategia a largo plazo, y si hay poca inclinación a enfrentarse a los de dentro, también se hace muy difícil hacer frente a los numerosos problemas que aquejan al sistema. Y si la tendencia es envolver las pocas medidas que se han tomado hasta ahora y presentarlas como grandes logros, mientras se sigue posponiendo el inicio de los debates sobre los problemas más espinosos, entonces quizá sería una buena idea empezar a plantearse dar marcha atrás de inmediato.


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