Ante las tragedias medioambientales que golpean cada vez más a Italia -estos días se ha producido la cuarta inundación en dos años en parte de la región de Emilia, incluida Bolonia-, con muertos, desaparecidos, miles de personas sin hogar, cientos de millones en daños, etc., creo que es útil hacer una historia de cómo ha podido ocurrir todo esto. Una historia que puede comenzar el 4 de noviembre de 1966, cuando el Arno se desbordó en Florencia y sumergió uno de los patrimonios históricos y artísticos más importantes de Occidente. Un patrimonio que incluía también 230 pinturas sobre madera de diferentes tamaños y procedencias de las iglesias de la ciudad, cuya conservación planteaba un problema técnico muy complejo que el Instituto Central de Restauración resolvió de forma totalmente innovadora. De hecho, su director, Pasquale Rotondi, y su adjunto, Giovanni Urbani, decidieron que las pinturas empapadas en agua turbia no debían someterse a restauración -hacerlo habría supuesto dañarlas irreparablemente-, sino que había que trabajar en ellas sin tocarlas. Lo que hace el Icr es disponer que se deshumidifiquen lenta y sistemáticamente. Así, hicieron equipar la enorme Limonaia de los Jardines de Boboli con un sistema de climatización diseñado por el Instituto de Física Técnica de la Universidad de Roma en las personas de Gino Parolini y Marcello Paribeni.dentro de la Limonaia un nivel de humedad relativa que impidiera que las tablas pintadas se secaran con demasiada rapidez y redujera el contenido de agua de la madera del 100% a un fisiológico 10%.
Esta intervención se completó en pocos meses con un resultado de conservación perfecto y se convirtió en el precedente directo de aquella “conservación programada y preventiva del patrimonio artístico en relación con el medio ambiente”, es decir, de la acción que se convertiría en la innovación radical aportada por el Icr en la protección material del patrimonio artístico y que encontró su aplicación en el “Plan Piloto para la Conservación Preventiva y Programada del Patrimonio Cultural en Umbría” presentado en Perugia en 1975. Un plan piloto a cuya aplicación se opusieron violentamente de inmediato superintendentes, profesores y políticos por tratarse de un proyecto “peligroso”. Peligroso no porque con él Rotondi, Urbani pretendieran aumentar el poder burocrático de sus actores, sino porque pretendía poner en marcha un proyecto bien definido y concreto de protección del patrimonio artístico que obligaba a los funcionarios ministeriales a trabajar en estrecha colaboración con organismos científicos y universidades, no sólo italianas, y también con la ayuda de los laboratorios de investigación de la industria. En el caso de los de Eni, que en esencia seguía siendo el de finalidad pública creado por Enrico Mattei. Eni, que, en el caso que nos ocupa, fundó una empresa de ingeniería, Tecneco, para dar soporte metodológico y organizativo al plan piloto para el que, además, Rotondi y Urbani habían previsto (otro peligro) el brevísimo plazo y coste de su ejecución: 24 meses y 1.400 millones de antiguas liras (hoy 8,8 millones de euros). De ahí que el Ministerio de Bienes Culturales, fundado en la misma época por el periodista florentino reconvertido en político Giovanni Spadolini, ignorara rápidamente ese proyecto, eludiéndolo, digamos, a él y a sus asesores, porque la conservación prevista por Rotondi y Urbani en relación con el medio ambiente era (y sigue siendo) la única acción para salvaguardar concretamente el patrimonio artístico italiano en la calidad que lo hace único en el mundo: su infinita, ultramilenaria y maravillosa estratificación sobre el territorio. De ahí el despiadado juicio emitido por Sabino Cassese sobre el nuevo ministerio de Spadolini en el mismo momento de su presentación, en diciembre de 1974, calificándolo de “caja vacía que no indica una nueva política y no contiene una reforma de la legislación en materia de protección”. Mientras que Luigi Covatta, que fue Subsecretario de ese Ministerio y que tiene el no pequeño mérito de haber promovido la única acción política en línea con la conservación planificada en relación con el medio ambiente, la creación de un “Mapa de Riesgos”, hablaba de él como el único Ministerio de la Italia republicana “fundado durante las vacaciones de Navidad”.
¿Por qué esta larga introducción para hablar de las inundaciones de Emilia-Romaña? Por una razón muy sencilla. Es decir, que el “peligro” de tener que enfrentarse a cómo llevar a cabo concretamente una labor organizativa basada en datos técnico-científicos impecables no sólo afectaba a la conservación material del patrimonio, sino que también afectaba a la política del territorio. De hecho, el 29 de junio de 1973, Eni presentó en Urbino el “Primer Informe Nacional sobre la Situación Medioambiental del País”, una iniciativa nacida bajo los auspicios de la Oficina del Primer Ministro, coordinada por el Ministro de Investigación Científica y Tecnológica y clausurada por el entonces Presidente de la República Giovanni Leone. Un primer informe que en sus tres volúmenes, más uno final de cartografía temática, recoge un vasto trabajo de investigación auspiciado por organizaciones políticas y científicas de absoluta relevancia internacional como la ONU, la OCDE, la CEE, el MIT, la NASA y otras, abordando algunos de los principales puntos de crisis que el medio ambiente había empezado a mostrar en los principales países industrializados del mundo debido al rapidísimo desarrollo económico que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Agresión medioambiental que también afecta a Italia, pero de un modo muy diferente al de cualquier otra nación. Es decir, afectando a un patrimonio artístico que no tiene comparación en cuanto a penetración e importancia histórica y cultural con ningún otro lugar del mundo. Esto explica que toda una sección de aquel “Primer Informe” estuviera dedicada al “Patrimonio Cultural”, encomendando su elaboración al Icr, entonces punto de referencia indiscutible en el mundo, y llamando a Urbani, que entretanto había pasado a dirigir el Icr, para que coordinara un proyecto de investigación centrado en el estado de conservación del patrimonio italiano y su tendencia evolutiva en el periodo 1969-1972. Por otro lado, Eni volvió a encargarse de la parte técnico-científica y organizativa relativa al medio ambiente y la ecología, de nuevo a través de Tecneco. El resultado fue un documento programático, como de costumbre, muy “peligroso” para la política. Basten los tres puntos que cito inmediatamente a continuación de aquel “Primer Informe”. Puntos en los que se establecen unas directrices metodológicas que nunca se han puesto en práctica y se habla de problemas que siguen siendo de plena actualidad y, como siempre, sin resolver como demuestran inexorablemente las inundaciones de las que partimos. Se preveían tres puntos
un esbozo de evaluación de la naturaleza y el alcance de los principales factores del cambio medioambiental (factores denominados “naturales”, actividades de producción, actividades de consumo), con posibles desgloses tanto a nivel sectorial como regional;
un análisis del estado actual de los principales “sistemas” medioambientales que pueden identificarse en el país (alta montaña; bosques y selvas; parques y reservas naturales; lagunas y estanques salobres; aguas interiores; franjas costeras; zonas de agricultura intensiva; zonas de concentración metropolitana; patrimonio cultural)
una ilustración de las actividades e intervenciones adoptadas en 1972 para la defensa del medio ambiente por los organismos estatales (Parlamento, Administraciones Centrales, Poder Judicial), las Regiones y las Autoridades Locales, las empresas, las Universidades, los centros de investigación y otros operadores; con referencia a la actividad legislativa y reglamentaria, al desarrollo de la jurisprudencia, a la evolución del gasto público y privado, a la investigación científica, a la actividad docente universitaria y de información de masas, a los acuerdos, convenios e iniciativas de carácter internacional;
Ni soluciones tecnocráticas, como dirían algunos, dado que el fundamento del pensamiento dado a la cuestión ambiental está vinculado “a la necesidad de una composición armónica de las exigencias irrenunciables de la protección de los equilibrios ecológicos, por un lado, y de la disponibilidad de servicios ambientales (de todo tipo: productivos, recreativos, culturales, científicos), por el otro”. Un principio general que desencadena el peligro de hacer funcionar el sistema medioambiental obligando a los políticos a ejercer sus poderes de especie y hacer cumplir sus dictados. Baste decir que una de las propuestas contenidas en aquel “Primer Informe” era crear un “sistema de contabilidad medioambiental” para ejercer un control general sobre el gasto público en protección del medio ambiente y, por tanto, también del patrimonio. Pero a pesar de la indudable calidad de los trabajos de investigación realizados tanto por el Plan Umbría como por el “Primer Informe” todo quedó en agua de borrajas. Y aquí quizás habría que recordar que todo esto ocurrió en la estela del movimiento del 68, que veía la política como una acción de democracia directa, la “imaginación al poder” por citar sólo uno de los muchos eslóganes infantiles que se gritaban en las calles en aquella época. De modo que para no perder de vista al vasto e inconsciente electorado que se situaba en esas posiciones entre humorales, amateurs y tristemente cómicas, en la presentación en Urbino del Primer Informe incluso Giovanni Berlinguer entró en el terreno de juego, afirmando que:
“La función de la empresa pública [en el caso de Eni] no puede ser, por tanto, la configurada en el Primer Informe: si ”quiere ocupar el lugar de las regiones y los municipios en el trazado de la ordenación del territorio o en la gestión de los bienes indivisibles de la comunidad como el suelo y el agua“, si la empresa pública quiere ”convertirse en una agencia medioambiental del Estado“, encontrará desde las fuerzas políticas y culturales de los poderes regionales, desde dentro de la propia administración pública una oposición insuperable.”
Una intervención que en gran medida se comenta y encuentra apoyo en el mundo universitario. De hecho, un etruscólogo de la Universidad de Perugia se aventuró a publicar en “l’Unità” un artículo de gran violencia e igualmente escaso contenido científico con el que machacaba el Plan Icr de Umbría:
“El Plan Piloto de Umbría se ha revelado en sus dos volúmenes de muy bajo nivel cultural y en gran parte desinformado. De hecho, es un ataque preciso a las propuestas presentadas por las fuerzas de izquierda, y en particular por nuestro partido [comunista italiano], para una gestión más democrática del patrimonio cultural (...). En esencia, la gestión de la protección se confía a fuerzas tecnocráticas [Tecneco] -aunque vinculadas al capital público [Eni]-: la operación representa una burda maniobra, carente de todo fundamento cultural, para entregar a grupos privados porciones enteras del espacio público de explotación en nombre de una burda ideología gerencial”.
Pronunciamientos de futuras revoluciones que desgraciadamente han sido seguidos por acciones políticas cuyos resultados organizativos y técnico-científicos están ahora ante los ojos de todos, y que parecen particularmente inaceptables en Emilia porque ésta debería haber sido el modelo de cómo la izquierda, una vez que hubiera llegado a gobernar Italia, la habría gobernado. Un gobierno del territorio emiliano que, en realidad, ha funcionado como lo han hecho todas las administraciones públicas italianas. Es decir, represando arroyos y acequias que luego reventaban regularmente, inundando a quienes habían construido sus casas con permisos regulares, cementando cientos de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, es decir, en los últimos años, para recuperar al electorado verde, no controló la "reforestación amazónica de los Apeninos, fomentando así movimientos de tierras cada vez más incontrolables, no limpió los cauces de los ríos favoreciendo su desbordamiento y todo lo demás que nos contaba hace medio siglo Marcello Colitti, estrecho colaborador de Mattei y hombre de educación católica que dirigía el Ufficio Studi de Eni durante los años del Primer Informe Nacional sobre el Medio Ambiente:
“Bastaron los diez minutos del discurso de Giovanni Berlinguer en la inauguración del ’Primer Informe sobre el Medio Ambiente’ para que todo se fuera al traste. Es decir, para marcar la muerte del intento de Eni de obtener un papel institucional en la ecología. Se desperdició mucho trabajo y un equipo de calidad. El informe sobre los problemas de la ecología en el país no se rehizo y ’Tecneco’, la empresa que se había creado específicamente dentro de Snam Progetti para ocuparse de esos problemas, fracasó antes de nacer. Desde entonces, al discurso ecológico italiano le ha faltado [y le sigue faltando] un elemento fundamental: un centro de encuesta y tratamiento que disponga de medios para funcionar y de capacidad técnica y empresarial, así como de credibilidad ante la opinión pública”.
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