Hasta no hace mucho, pocos habrían admitido que el voluntariado ficticio en el patrimonio cultural se considera un excelente sustituto del trabajo estable y remunerado cuando es necesario. Y casi nadie, por supuesto, lo habría puesto por escrito. Era sobre todo un argumento de pasillo: cuando por casualidad te encontrabas con un funcionario o un director en alguna exposición o durante una visita a un museo y acababas hablando del tema, el estribillo era más o menos siempre el mismo: “no tenemos recursos para permitirnos contratar personal profesional, así que tenemos que recurrir a los voluntarios”. Pues bien: recordaremos este 2019 como el año en que también cayó este último tabú: ahora ya no hay que esconderse detrás de un dedo, y el hecho de que el sector necesita urgentemente mano de obra gratuita para cubrir las carencias de personal ya no es una realidad que todos conocen pero pocos quieren aceptar. Ahora es una necesidad que se ha plasmado por escrito en un acto oficial.
Ocurrió hace unos días, cuando el Polo Museale dell’Emilia Romagna (organismo que agrupa algunos de los museos más valiosos de la región, empezando por la Pinacoteca Nazionale de Bolonia y siguiendo por la Basílica de Sant’Apollinare in Classe de Rávena, la Abadía de Pomposa, la zona arqueológica de Marzabotto y varias otras) ha lanzado una manifestación de interés para la colaboración voluntaria en la que el anuncio admite cándidamente que “la escasez de personal de vigilancia hace necesario recurrir a formas de apoyo al personal de vigilancia y vigilancia del polo, y para ello es oportuno y económicamente conveniente recurrir a asociaciones voluntarias, que garanticen formas flexibles de colaboración”. Evidentemente, leyendo estas pocas líneas, lo primero que salta a la vista es lo absurdo de la situación en la que estamos sumidos, de tal modo que un organismo estatal, dotado por otra parte de autonomía, es decir, el Polo Museale dell’Emilia Romagna, certifica en un acto público que está en pleno apogeo unacompetencia demencial, desoladora, vergonzosa, irrazonable, humillante y perniciosa basada en meros aspectos económicos entre trabajadores y voluntarios. Ya no se trata de buscar voluntarios para apoyar al personal en tareas de baja cualificación: la convocatoria señala que el objetivo de la búsqueda es buscar operarios que, entre otras actividades, se encarguen de apoyar las visitas acompañadas, las actividades educativas, la colaboración en proyectos “destinados a la documentación, consulta, conservación y gestión de las instalaciones, reelaboración y catalogación de datos, imágenes y materiales o para la puesta en valor de los museos”, y la colaboración en la organización de eventos y exposiciones. Tareas todas ellas que deberían suponer el empleo (o a lo sumo la colaboración profesional) de personalidades formadas, preparadas y con sólidos bagajes culturales, académicos y laborales. Pero, evidentemente, se les considera indignos de ser remunerados adecuadamente, como también exigiría la Constitución: ¿se está diciendo, por tanto, a los profesionales de la cultura que su trabajo no vale nada y que puede ser fácilmente sustituido, por razones puramente económicas, por el de operadores de asociaciones de voluntariado?
Extracto de la comunicación del Polo Museale dell’Emilia Romagna sobre la conveniencia económica del voluntariado |
Pero hay otro resultado igualmente perjudicial: la profunda distorsión de la misión del voluntariado que, sería bueno recordar, en la ley marco sobre el voluntariado de 1991, se define como aquella actividad “realizada de forma personal, espontánea y libre, a través de la organización de la que forma parte el voluntario, sin ánimo de lucro, ni siquiera indirecto, y con fines exclusivamente solidarios”. Y es igualmente oportuno señalar que no existe finalidad solid aria en tratar de resolver los problemas de escasez de personal recurriendo a asociaciones que, estatutariamente, deben perseguir fines benéficos. No hay ningún prejuicio contra el recurso al voluntariado en el patrimonio cultural, pero la cuestión adquiere una forma completamente distinta si el recurso (y el abuso) al voluntariado es un medio de ahorrar en personal profesional y cualificado, o de hacer frente a la indisponibilidad de recursos: El resultado es la confusión de funciones, un grave perjuicio para la calidad del trabajo (ahorrar en personal significa cuidar menos los resultados y, sobre todo, un personal que no cobra es un personal mucho menos leal), y consecuencias igualmente graves para los profesionales que ya están en el mercado (que, con gran mortificación de sus trayectorias profesionales, tienen que lanzarse a una competición a la baja, y, obviamente, a priori, con los que están dispuestos a aceptar trabajar gratis), y para los que tienen que entrar en el mercado (en primer lugar porque esto retrasa la madurez profesional, en segundo lugar porque, en contra de la creencia popular, el voluntariado no debe formar parte del currículum vitae, y en tercer lugar porque las experiencias no remuneradas y fragmentadas son mucho más perjudiciales de lo que se piensa).
Por supuesto, la mano dura que el Ministro de Patrimonio Cultural , Alberto Bonisoli, había prometido en una entrevista en Finestre sull’Arte en marzo y anunciado a finales de mayo, finalmente llegó a principios de junio: sin embargo, aparte del hecho de que las medidas no parecen haber producido, al menos por el momento, resultados particularmente apreciables (el anuncio del Polo Museale dell’Emilia Romagna lo demuestra), hay que añadir que el problema ya no concierne sólo al ministerio, sino que se está extendiendo con una velocidad y difusión impresionantes y preocupantes. Sólo en los dos últimos meses, hemos registrado una convocatoria de la Universidad de Verona en busca de “jóvenes, aficionados o curiosos por el mundo del arte, que recibirán una formación especial para guiar las visitas” a una exposición de arte contemporáneo que se inaugurará en septiembre (serán, por supuesto, voluntarios), la búsqueda de voluntarios por parte del Museo dei Grandi Fiumi de Rovigo para permitir la apertura del instituto los días festivos y prevacaciones, la convocatoria de voluntarios en la Fortaleza de Le Castella con operarios remunerados a 3,78 euros la hora, el curso de formación para operarios voluntarios “destinados a la custodia, protección y valorización de los lugares de culto y del patrimonio cultural eclesiástico” en Lanciano, e incluso el caso del municipio de Senigallia, que busca un director que trabaje gratis para su museo.
En consecuencia, frenar esta marea continua es cada vez más difícil: por una licitación que se retira (el episodio más reciente es el de la búsqueda de voluntarios en la Biblioteca Angélica, retirada a raíz del caso planteado por nuestra revista y la asociación Mi riconosciut? soy un profesional del patrimonio cultural) vienen muchos otros, y de distintas corrientes (como se ha visto más arriba: emanaciones del Ministerio de Cultura, universidades, ayuntamientos, organismos eclesiásticos). Quizá no baste con poner unas cuantas estacas más: lo que hace falta, si acaso, es una ley clara y drástica para prevenir y castigar los abusos. El año pasado se hizo una propuesta en este sentido, pero nunca volvió a debatirse. Del mismo modo, la reforma del ministerio ventilada en junio (y que parece bloqueada por ahora) no plantea el problema, pero en este caso quizá convendría intervenir sobre los mecanismos de solidaridad entre los museos estatales (evaluando obviamente caso por caso), ya que sigue habiendo un desequilibrio entre los grandes museos autonómicos y los museos periféricos. Sería bueno insistir, porque la situación se ha vuelto intolerable y ya no es sostenible: es hora de hacer algo concreto.
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