El Ministro de Bienes Culturales , Dario Franceschini, ha acabado en una tormenta a causa de un decreto minister ial firmado el pasado 21 de abril, con el que el ministro asignaba 5 millones de euros a la empresa interna del ministerio, Ales spa, según una disposición contenida en el Decreto Ley 104 de 21 de septiembre de 2009: Esta última disposición establecía que el MiBACT, “una vez comprobada la imposibilidad de recurrir a sus propios empleados, queda autorizado a recurrir a la empresa Ales spa para la realización de actividades de recepción y vigilancia en museos, parques arqueológicos de titularidad estatal y otros institutos y sitios culturales”. Para estos fines, se asignaron a Ales contribuciones de 5 millones de euros en 2019, 330.000 euros en 2020 y 245.000 euros en 2021. El decreto ministerial del 21 de abril, por lo tanto, se limitó a aprobar la asignación para 2019, dividida en 1,8 millones para actividades de recepción y supervisión en archivos, y 3,2 millones para actividades de recepción y supervisión en museos.
Esta medida suscitó fuertes críticas del sindicato Confsal-Unsa Beni Culturali. El tema de discusión es el reconocimiento por parte de MiBACT de laimposibilidad de utilizar a sus propios empleados para la recepción y vigilancia, y la consiguiente asignación a Ales spa del presupuesto para contratar vigilantes: “la pregunta que como sindicato no podemos dejar de hacernos”, escribe Giuseppe Urbino, secretario nacional de Confsal-Unsa Beni Culturali, “se refiere a la utilidad de una financiación tan onerosa por parte de MiBACT a una empresa que tiene todas las características societarias de una sociedad por acciones, por lo tanto de carácter privado, que en todos estos años ha cobrado millones de euros de la MiBACT, para actividades que la MiBACT podría haber realizado sola y a través de sus oficinas, y que en todos estos años sólo ha utilizado para sus actividades personal completamente ajeno a la MiBACT, saltándose absolutamente las normas de contratación pública por concurso”.
Según Urbino (que lleva años librando una batalla contra las numerosas contrataciones que se realizan a través de la empresa interna), podría darse “un posible caso legal de perjuicio fiscal debido a esta enorme cantidad de dinero público que fluye con tanta facilidad y en el silencio ensordecedor de los demás sindicatos hacia los bolsillos y las arcas de una sociedad anónima como Ales, cien por cien MiBACT”. De hecho, existe el riesgo, según Urbino, de que las contrataciones realizadas por Ales, con el paso del tiempo y de los años, hagan "casi inútiles los concursos públicos de MiBACT“, debido a ”situaciones de hecho y de derecho producidas gracias a contratos atípicos y atípicos".
El sindicalista también pregunta a Franceschini si todo es regular, y si los directivos de Ales tienen todos los papeles en regla para gestionar de forma directa e independiente esta cantidad de fondos públicos que el MiBACT destina a la empresa. Y eso no es todo: Urbino aprovecha para preguntar si Franceschini ha “comprobado alguna vez la corrección de los auditores, y el comportamiento de aquellos cuya tarea es verificar la seriedad y corrección de los presupuestos de Ales”, y si alguna vez ha ocurrido “que los auditores tuvieran algún conflicto de intereses con el papel que desempeñan dentro de MiBACT”.
De hecho, la presencia del balneario de Ales empieza a plantear cada vez más interrogantes. El diario Libero también dedicó un artículo al asunto: En un artículo de Francesco Specchia, se esboza a grandes rasgos la historia de la empresa interna MiBACT (se subraya en particular que es la empresa “a la que Franceschini, empezando por pequeños servicios de guardianía, asignó todos los proyectos más importantes del departamento, desde las Scuderie del Quirinale hasta laAppia Antica, incluida la prolífica gestión de los fondos de la UE”, para continuar, por ejemplo, con el evento Enit para el año de la cultura del turismo italo-chino en diciembre de 2019 o la Conferencia de Nápoles para la cultura mediterránea del próximo mes de junio) y define a Ales (“ya endeudada en 800 millones de euros, más tarde reembolsados en parte por el propio ministerio”, escribe Specchia) como un organismo que “representa, de hecho, una especie de ministerio paralelo que responde, sin embargo, a reglas privadas laxas”.
En los círculos sindicales, hay mucho enfado con Ales porque la empresa contrata, sin procedimientos de concurso comparables a los de MiBACT, a trabajadores que pasarán a cubrir tareas que se solapan con las de los empleados del ministerio. “Incluso ahora”, explica Urbino a Libero, “casi la mitad de los empleados del patrimonio cultural son de Ales, que a su vez contrata a trabajadores temporales saltándose los concursos públicos, que además están bloqueados, pero incluso ahora que se ha desbloqueado la contratación interna se sigue subvencionando a Ales, y no se sabe muy bien por qué”. Ales, concluye el sindicalista, “es ahora una caja fuerte de la que el ministerio puede echar mano sin ningún control especial”.
Las críticas también proceden de la asociación Mi Riconosci, que siempre se ha mostrado activa en la protección de los trabajadores del patrimonio cultural. “Este es el último episodio de un despilfarro de más de una década de dinero público, de conflictos de intereses profundamente arraigados (uno de los auditores de Ales es director general en MiBACT), de externalización de trabajo e ingresos completamente innecesarios, útiles sólo para facilitar nombramientos y el uso privado de fondos públicos”, escriben los activistas. "Ales era el brazo del Ministerio para contratar a menor coste y con contratos más precarios, en las últimas semanas se ha convertido en el brazo que permite recortar puestos de trabajo sin tener que responder por ello. Por el momento, Franceschini aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
Polémica por los 5 millones de euros asignados por Franceschini a Ales para ocuparse de la seguridad del museo |
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