Los países europeos observan con gran atención lo que ocurre en Alemania, el primer país que ha introducido el experimento de los frotis obligatorios para acudir a determinadas instalaciones como museos, tiendas o peluquerías. En estas páginas Francesca Della Ventura ya había hablado de ello en referencia a la ciudad de Colonia, donde la obligación de presentar un test negativo para entrar en un museo o biblioteca ya se había introducido en la última semana de marzo. La medida se extiende ahora también a otras ciudades de Alemania, que han introducido la obligatoriedad de los frotis.
Es el caso, por ejemplo, de la capital , Berlín, donde el Senado de la ciudad promulgó el 29 de marzo una ordenanza para imponer el Testpflicht, la prueba obligatoria para las empresas, el comercio y la cultura. Por lo que respecta a las empresas, la ordenanza obliga a los empleadores a someter a sus empleados a pruebas gratuitas (los costes deben ser sufragados por la propia empresa) al menos dos veces por semana, expidiendo un certificado si lo solicita el empleado, y con la obligación de conservar los resultados durante cuatro semanas. La misma obligación se establece para los autónomos que tengan contacto con clientes en el ejercicio de su profesión (en este caso el umbral es de al menos una vez por semana). La ordenanza también estipula que quienes asistan a reuniones con más de cinco personas, los clientes que pretendan acudir a comercios o mercados y los visitantes de todas las instituciones culturales de la ciudad deben presentar un test negativo. El sitio web de los Museos Estatales de Berlín se actualizó inmediatamente para reflejar la noticia: y por desgracia, como bien se explica en la página de información, no cuentan las autopruebas, sino sólo los certificados de negatividad expedidos por instalaciones autorizadas a realizar pruebas (se exige al menos la prueba antigénica rápida).
La ordenanza entró en vigor el 31 de marzo, pero no faltaron las críticas. En lo que respecta a la cultura, se considera que la normativa es rígida: “¿Por qué”, se pregunta Francesca Della Ventura, académica que vive y trabaja en Alemania, “perjudicar aún más al mundo cultural local (el discurso puede aplicarse en general) exigiendo una prueba anticovírica negativa realizada en las veinticuatro horas anteriores a la llegada al museo o la biblioteca si las condiciones de contagio son mínimas? ¿Por qué complicar aún más la situación del sector cultural después de meses de parón? ¿Por qué seguir perjudicando a los autónomos de este sector (guías, vigilantes de seguridad, personal que trabaja en actividades educativas?”. Pero la idea, al menos en los primeros momentos, resultó ser un fracaso, y el Berliner Zeitung, uno de los principales diarios de la capital, hablaba de unas pruebas que “arruinaron las compras de los berlineses”: el primer día se vieron tiendas y centros comerciales vacíos (“había más vendedores que clientes”, escribe el diario) y una fuerte desorganización, por ejemplo debido a que por algunas comunicaciones parecía que iba a haber puestos de prueba en los centros neurálgicos comerciales, cosa que no ocurrió, causando molestias. Además, se criticó el hecho de que, inexplicablemente, incluso a las personas vacunadas se les negara la entrada a los puntos de venta. Por no hablar de los numerosos clientes que, al desconocer la noticia, fueron rechazados (de hecho, el requisito de la prueba también se introdujo para las tiendas que venden productos de primera necesidad).
También se critica el elevado coste de las pruebas, sobre todo por parte de las empresas, que tienen que hacer frente a importantes gastos (se calcula que para una pequeña empresa con diez empleados, el coste de someter a los empleados a las pruebas ronda los dos mil euros al mes). Y críticas, por supuesto, por las molestias que conlleva la norma del tampón obligatorio: el Tagesspiel, por ejemplo, informa de que los ciudadanos se quejan de que, si tienen que ir urgentemente a comprar algo que necesitan en casa, el engorro es largo y poco práctico. Además, la medida podría aumentar las desigualdades: los centros comerciales podrían, por ejemplo, equiparse con personal médico o puestos de análisis a la entrada, algo que los pequeños comercios no pueden permitirse, con el consiguiente riesgo de perder clientes.
Por último, también hay quien piensa que las pruebas en sí sirven de poco. La primera ciudad de Alemania que introdujo el experimento fue Tubinga, que puso a disposición de los ciudadanos una serie de estaciones donde podían hacerse las pruebas: al final de la espera de los resultados de las pruebas rápidas (20-30 minutos) reciben una especie de ticket para poder ir a tiendas, museos, restaurantes. Pero, como informa el diario The Local, ha sido la propia canciller Angela Merkel quien ha dicho “no sé si hacerse la prueba y comprar es la respuesta correcta a lo que está pasando”: en Tubinga, de hecho, los contagios han vuelto a subir a pesar de la obligatoriedad de hacerse la prueba para hacer prácticamente cualquier cosa.
También en Austria se empieza a reflexionar sobre la introducción de pruebas obligatorias, y en los periódicos se exponen los pros y los contras. Hay quien opina, por ejemplo, que las pruebas son en cualquier caso menos molestas que la máscara FFP2 obligatoria o los cierres patronales, y que podrían permitir reabrir rápidamente todas las actividades. Los que están en contra, por el contrario, señalan con el dedo los elevados costes de la operación y el hecho de que las molestias podrían alejar a los clientes de las actividades (además de suponer un grave problema para quienes necesitan algo urgentemente y con prisa) y a los visitantes de museos, teatros y lugares de cultura. En resumen, el tema sigue causando división.
Foto: la Alte Nationalgalerie de Berlín. Foto Crédito Manfred Brückels
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Berlín impone tampones obligatorios en museos y tiendas, pero la idea es un fracaso |
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